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La FADSP valora el anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del SNS como un avance histórico hacia el blindaje de la sanidad pública


CUT esperamos que este anteproyecto llegue a buen puerto, por ello compartimos el siguiente comunicado:

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud supone un cambio de rumbo muy significativo frente a las políticas de privatización que se han impulsado en las últimas décadas.

La derogación expresa de la Ley 15/1997, la afirmación de la prioridad de la gestión directa y el reconocimiento de los efectos negativos de la gestión privada con ánimo de lucro marcan un punto de inflexión que coincide con las reivindicaciones que venimos defendiendo desde hace décadas.

  1. Aportaciones clave del anteproyecto que fortalecen la sanidad pública

Desde la FADSP queremos subrayar una serie de avances que consideramos especialmente relevantes:

1)    Se establece como objeto de la ley garantizar que la titularidad de la gestión y provisión sanitaria del SNS sea pública, universal, equitativa y de calidad, aplicable a todos los centros y administraciones sanitarias.

2)    Se declara que la gestión y administración de los centros y servicios se realizará preferentemente de manera directa por las administraciones y entidades del sector público, relegando la gestión indirecta a un papel excepcional.

3)    Se crea un procedimiento de evaluación previa para la gestión indirecta, con memoria justificativa, informes preceptivos de comités de evaluación paritarios y publicación de decisiones, lo que introduce una cultura de planificación y control que hasta ahora ha brillado por su ausencia.

4)    Se refuerza la transparencia y el buen gobierno, obligando a publicar información sobre contratos, conciertos, resultados de salud y calidad, así como indicadores sanitarios por centro acordados en el Consejo Interterritorial del SNS.

5)    Se avanza en la priorización de entidades sin ánimo de lucro en la contratación pública sanitaria, introduciendo criterios específicos de desempate y fomentando la reserva de contratos de servicios de salud, dentro del marco europeo.

6)    Se garantiza que los hospitales privados vinculados mediante convenios singulares presten la atención al SNS en condiciones de gratuidad y sin carácter lucrativo, alineando estos dispositivos con los objetivos sociales y de eficiencia del sistema público.

7)    Se prevé la elaboración de un informe estatal de evaluación de las experiencias de gestión sanitaria desde 1997, que permitirá disponer de una base de evidencia para orientar futuras decisiones y correcciones de rumbo.

Estos elementos suponen una base sólida para reconstruir la confianza en el SNS como servicio público, reforzar la equidad y recuperar capacidad de dirección pública sobre el conjunto del sistema.

  1. Una oportunidad para consolidar y ampliar el liderazgo de lo público

Entendemos este anteproyecto de ley como un primer gran paso, no como punto de llegada. La introducción de la “excepcionalidad” de la gestión indirecta, la obligación de justificar por qué no se usa la gestión directa y el refuerzo del control financiero y social crean condiciones favorables para limitar de facto nuevas privatizaciones y para favorecer la reversión de dispositivos hoy externalizados.

Asimismo, la evaluación de las experiencias de gestión privada desde 1997 abre una ventana para visibilizar, con datos comparables, que los modelos privatizadores no han aportado mejoras de resultados en salud ni de eficiencia, y sí han generado fragmentación, desigualdades y menor transparencia, como venimos documentando en nuestros informes.

  1. Propuestas de la FADSP para aprovechar al máximo este marco

Con un enfoque propositivo, la FADSP planteamos una serie de líneas de mejora y desarrollo que permitirían aprovechar plenamente el potencial del anteproyecto:

1)    Definir de forma más precisa y acotada los supuestos en que puede recurrirse a la gestión indirecta, reforzando su carácter realmente excepcional y garantizando siempre la evaluación previa, incluso para contratos de menor cuantía en áreas asistenciales sensibles.

2)    Establecer, a partir del nuevo marco legal, planes autonómicos de refuerzo de recursos propios y de reducción progresiva de la dependencia de conciertos y externalizaciones, priorizando la inversión en la red pública.

3)    Utilizar el informe estatal sobre experiencias de gestión desde 1997 para diseñar, con participación social, una hoja de ruta de reversión de los modelos privatizadores y de fortalecimiento de la gestión pública, tomando como referencia los principios de equidad, universalidad, calidad y transparencia del SNS.

4)    Reforzar el carácter público y homogéneo de las condiciones laborales en consorcios y entidades públicas de gestión, evitando segmentaciones innecesarias y asegurando que todo el personal que presta servicios para el SNS se integra en condiciones equiparables al resto de la red pública.

5)    Abordar de forma explícita el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), incorporando el compromiso de avanzar hacia su integración progresiva en el SNS para evitar circuitos paralelos financiados con fondos públicos y reforzar un único sistema público, universal y solidario.

6)    Garantizar la presencia de organizaciones defensoras de la sanidad pública, como la FADSP, en el grupo de trabajo que elaborará el informe sobre experiencias de gestión y en los procesos de definición de indicadores e instrumentos de evaluación en el Consejo Interterritorial.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas, a las administraciones autonómicas, a las organizaciones profesionales y sindicales y al conjunto de la ciudadanía para que este anteproyecto se consolide y mejore como una auténtica ley de blindaje de la gestión pública del SNS, dentro de los plazos de la actual legislatura.

Estamos ante una oportunidad histórica para recuperar el sentido original de la sanidad pública en España basada en un sistema universal, de calidad y financiado con recursos públicos, gestionado de manera transparente y democrática, al servicio del interés general y no de intereses privados.

11 de febrero de 2026

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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