CUT denuncia la posible externalización, de los archivos sanitarios, de los pacientes del Hospital Clínico Miguel Servet, de Zaragoza.
El derecho al respeto de la intimidad y la confidencialidad de los informes y datos médicos es un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona.
En el estado español y en Aragón, este derecho está amparado por un sólido marco legal que regula cómo se debe proteger la información clínica:
Constitución Española (Artículo 18): Reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la protección de datos.
Ley 41/2002 (Básica reguladora de la autonomía del paciente): Su artículo 7 establece con claridad que «toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley».
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPD-GDD): Califican los datos de salud como una categoría especial que requiere medidas de seguridad reforzadas y el consentimiento explícito del paciente para su tratamiento.
Esta legislación garantiza que:
El titular del historial médico y de los informes es el propio paciente. Otras personas (incluidos familiares) solo pueden acceder a ellos si media la autorización o el consentimiento expreso del paciente (salvo excepciones clínicas o legales muy específicas).
El acceso a los datos sin consentimiento del paciente solo está permitido en supuestos muy tasados por la ley, como requerimientos judiciales, razones urgentes de salud pública o fines científicos/epidemiológicos específicos regulados legalmente.
Los profesionales sanitarios están sujetos al deber de secreto respecto a todo lo que vean, oigan o comprendan por razón del ejercicio de su profesión.
Por todo ello es inconcebible que el Gobierno PP/VOX hayan decidió, vaciar físicamente del centro sanitario, los archivos clínicos de los pacientes del Miguel Servet y que sea una empresa privada quien los custodie y los tenga en su propiedad, perdiendo la Administración el control directo de esos archivos.
Además se corre el riesgo que esa empresa externa pueda revelar historiales de los pacientes, sea a aseguradoras, Mutuas u hospitales privados
CUT entendemos que la revelación indebida de datos médicos o el acceso no autorizado a informes clínicos puede constituir una infracción grave en materia de protección de datos e incluso un delito de revelación de secretos tipificado en el Código Penal.
CHA ha preguntado sobre esta decisión al Gobierno del Sr. Azcón y que nosotros sepamos, no se le ha contestado.
Por todo ello tenemos que estar a la expectativa, para movilizarnos si es necesario y evitar que los historiales clínicos dejen de ser custodiados por los profesionales del SALUD, teniendo acceso directo y rápido a ellos, en el momento necesario, sin tener que depender de una empresa privada.
El derecho al respeto de la intimidad y la confidencialidad de los informes y datos médicos es un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona y tiene que estar garantizada, solo la Administración aragonesa, a través del SALUD, lo puede hacer.
No a la externalización de los archivos clínicos, de los pacientes del Miguel Servet.
Basta de privatización encubierta de la sanidad pública.
El dinero presupuestado en la sanidad pública aragonesa, tiene que ser para la sanidad pública.
CUT Noviembre 2026
